NEGLIGENCIA Y FRAUDE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN RELACION A LAS SUBVENCIONES DE EU EN MATERIA DE EMPLEO
La Guardia Civil, a instancias y con el impulso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, investiga lo que podría ser un fraude masivo en la concesión de las ayudas de la Unión Europea (UE) al empleo en Andalucía, que eran gestionadas por la Junta. Las pesquisas están aún en su primera fase, pero según fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC hay «gran preocupación» porque de lo actuado parece deducirse que nos encontramos ante un «escándalo incluso de mayores proporciones que todos los conocidos hasta ahora en esta Comunidad, incluidos el de Mercasevilla o los ERE fraudulentos». El nuevo episodio se produce a pocos meses de las elecciones del 22-M.
Las primeras pistas sobre este nuevo escándalo se tuvieron hace meses, cuando se investigaban en Cádiz presuntas irregularidades cometidas por sindicatos al gestionar cursos de formación a trabajadores que estaban subvencionados por la UE. Esas pesquisas revelaron que en no pocas ocasiones las centrales sindicales cobraban pero no impartían los cursos comprometidos, aunque sí expedían los correspondientes diplomas a los interesados.
En este contexto se detectaron indicios de que existía una segunda modalidad de fraude con las ayudas europeas en la que los beneficiados eran empresas de la provincia. Esas subvenciones eran gestionadas por la Junta de Andalucía dentro de sus programas de apoyo al empleo.
«Modus operandi»
El «modus operandi» era bastante sencillo: una empresa se ponía en contacto con el organismo correspondiente de la Junta y contrataba a varias personas; a cambio, recibía la subvención que estaba estipulada. En efecto, el empresario daba de alta a sus nuevos trabajadores en la Seguridad Social pero solo el tiempo estrictamente necesario para cobrar la ayuda. En ese momento, despedía a los nuevos empleados y obtenía así un considerable beneficio.
Según las fuentes consultadas, la actuación de la Junta de Andalucía era cuando menos negligente o poco rigurosa, ya que en ningún caso cruzaba sus datos con los de la Seguridad Social, de modo que no sabía —o no quería saber— si aquellos empleos que decía crear eran reales o virtuales, de apenas unos días.
Conocidos estos hechos, y sobre todo ante la certeza de que este tipo de subvenciones habían llegado no solo a Cádiz sino también al resto de provincias de la Comunidad, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó a los fiscales provinciales que abrieran sendas investigaciones para determinar si en sus demarcaciones se habían producido sucesos similares y, por tanto, nos encontrábamos ante lo que podría ser una trama perfectamente organizada, según explicaron fuentes próximas al caso. Al frente del conjunto de la investigación se situó a los especialistas de la Guardia Civil.
Desde entonces, según fuentes judiciales consultadas por ABC, ya se han detectado «paralelismos» en el resto de las provincias andaluzas, si bien hay que insistir en que en estos momentos aún se está en las primeras fases del trabajo. Aun así, las mismas fuentes califican lo sucedido de «muy grave» y aunque el fraude no está cuantificado por ahora, «es sin duda importante». Las pesquisas alcanzan a cientos de empresas —podría superar el millar—, aunque no todas ellas, aunque cobraron, actuaron de forma fraudulenta.
Es llamativo el hecho de que ninguna de las irregularidades detectadas haya sido denunciada por trabajadores que se quedaban en el paro muy poco tiempo después de ser contratados, lo que se atribuye a que se trataba de personas «con poca preparación» o a que de alguna forma consintieron los hechos.
Entre los interrogantes que están abiertos y en los que se centra la investigación está la posibilidad de que haya existido intermediarios entre las empresas que se beneficiaban de las subvenciones y la Junta, que gestionaba los fondos de la Unión Europea. Este modelo sería una copia casi exacta del procedimiento de los ERE, en el que un intermediario o «conseguidor» ponía en contacto a las empresas con la Junta. Las características del caso apuntan a ello y, de hecho, ahora se analiza con lupa a los beneficiarios y sus conexiones.
Según apunta la investigación, cuando menos menos hay una patente negligencia por parte del gobierno andaluz por no cruzar sus datos con los de la Seguridad Social, como hace ahora por él la Guardia Civil.
